El pasado sábado, 17 de febrero entró en vigor la reforma del artículo 49 de la Constitución, que regula los derechos de las personas con discapacidad tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva redacción del precepto, que adapta el lenguaje y el contenido de la Carta Magna a la realidad actual de la legislación internacional, se hace efectiva tras un proceso parlamentario impulsado gracias al trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en las últimas dos décadas.

 

Tras la reforma, el artículo 49 especifica que "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas" y que "se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio". Asimismo, señala que "los poderes públicos deberán impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles" y que "fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca". Por último, destaca que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad".

 

De este modo, la desaparición de la política de "previsión, tratamiento y rehabilitación" de los "disminuidos", recogida hasta ahora en el artículo 49, deja atrás una mirada asistencial y rehabilitadora del colectivo y se centra en impulsar una mayor inclusión social y una plena autonomía.

 

 

El camino hasta conseguir que los más de 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad que viven en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, dejen de ser denominadas como disminuidos' se inició hace más de dos décadas. El CERMI, una plataforma que agrupa a más de 8.000 asociaciones, comenzó entonces a reivindicar un lenguaje menos peyorativo y ajustado a estándares de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

La iniciativa fue avalada en la sesión del pasado 18 de enero de 2024 en el pleno del Congreso de los Diputados y, posteriormente, el 25 de enero, obteniendo en ambos casos, en votación final, la mayoría de tres quintos necesaria para su aprobación.